Página/12
07-09-11
Está muy claro en un
cable caratulado como “secreto” que el embajador estadounidense en Tel Aviv,
James B. Cunnin-gham, envió a la Secretaría de Estado el 23 de febrero del 2010
luego de reunirse con el abogado general militar de las Fuerzas de Defensa de
Israel (FDI), Avichail Mandelblit (//wikileaks.org, 30-8-11). El ministro de
Justicia de la
Autoridad Palestina (AP), Ali Kashan, había solicitado al
fiscal de la
Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, que se
investigaran los crímenes de guerra israelíes cometidos desde 2002 en los
territorios palestinos ocupados, incluida la llamada Operación Plomo
Fundido, que segó la vida de 1400 pobladores de Gaza.
Mandelblit reiteró en el encuentro la demanda de que EE.UU.
sostuviera “públicamente que la CPI no tiene jurisdicción legal para
pronunciarse sobre ese operativo porque Gaza carece de estatuto de Estado”. No
se quedó ahí: advirtió que si la demanda de la AP se concretase, “para el
gobierno israelí sería la guerra y manifestó su expectativa de que EE.UU.
ayudaría a la AP a comprender la gravedad de sus acciones”. “El embajador
afirmó –agrega el cable– que EE.UU. ha presionado con firmeza a la AP para que
desista de esas actitudes y ha recibido la promesa de que la AP congelaría
tales intentos.” Asistía a la reunión el coronel Liron Libman, jefe del
Departamento de Derecho Internacional de las FDI: “Señaló que la cuestión de la
CPI era la más peligrosa para Israel”. Hay al menos 1400 razones para que así
sea.
Mandelblit expresó además la esperanza de que el llamado Informe
Goldstone “se desvaneciera”. Se refería al que preparó la Misión de
Investigación de las Naciones Unidas sobre el conflicto de Gaza, encabezada por
el juez sudafricano Richard Goldstone (www.ohchr.org, 23-9-09), en el que se registra
la represión de Hamas contra opositores políticos, pero sobre todo se
documentan largamente, entre otras agresiones, los ataques deliberados de las
FDI contra objetivos civiles. “A partir de los hechos determinados –señala el
informe– la Misión llega a la conclusión de que la conducta de las fuerzas
armadas israelíes supone graves infracciones al Cuarto Convenio de Ginebra en
relación con las muertes indiscriminadas y el deseo deliberado de causar
sufrimiento a personas protegidas... También llega a la conclusión de que la
decisión de atacar y matar arbitrariamente a civiles palestinos constituye una
violación del derecho a la vida.”
Se entiende que Tel Aviv exigiera el “desvanecimiento” del
informe. Mandelblit aseveró que las acusaciones de que Israel habría violado el
derecho internacional durante la Operación Plomo Fundido
“serían claramente insoportables” para su gobierno y el pueblo israelí en
general. Para los palestinos, más insoportable habrá sido padecer los hechos
que las motivan.
Esta filtración de Wikileaks no parece casual. En el próximo
período de sesiones de la
Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar del 13 al 30 de
septiembre, se discutirá una petición elevada por la AP: que se declare la
existencia del Estado Palestino, en cumplimiento de la resolución 181 de ese
organismo, adoptada en 1947. Si esto sucede, se haría añicos el argumento que
Tel Aviv esgrime para impedir que la Corte Penal Internacional
eventualmente investigue y juzgue los crímenes de guerra perpetrados en Gaza. Y
mucho más, desde luego: sería un duro obstáculo, sancionado por la comunidad
internacional, para concretar el objetivo de un Gran Israel que incluiría los
territorios palestinos que Israel ocupó militarmente en 1967 y que además,
desde hace años, está ocupando mediante la imposición ilegal de asentamientos.
Se estima que el número de colonos asciende ya a medio millón.
Washington y Tel Aviv han instado a la AP a abandonar su demanda,
pues aunque fuera satisfecha –puntualizaron–, nada cambiaría sobre el terreno.
Es decir, el gobierno israelí le destinaría a esa decisión la misma
indiferencia que ha mostrado ante otras muchas de la Asamblea General. Antes ,
por el contrario: el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Avigdor
Lieberman, declaró que si los palestinos acceden al estatuto de Estado, Tel
Aviv se sentiría en libertad de anexar aún más territorio de Cisjordania (//nationalinterest.org,
10-8-11).
Israel, sin embargo, cabildea con frenesí ante los países miembros
de la ONU para impedir que la solicitud de la AP sea aprobada. Cabe preguntase
por qué: Tel Aviv teme que el reclamo palestino confirme las fronteras de 1967,
que borró la ocupación militar israelí. El primer ministro Benjamín Netanyahu
ha dicho más de una vez que se inclina por la existencia de los dos Estados
para solucionar el conflicto. Por sus actos pareciera que más bien prefiere
anexar a Israel la mayor parte de Cisjordania. Si la ONU reconociera a un
Estado Palestino a partir de esas fronteras, muy difícil le resultaría a Tel
Aviv persistir en la colonización de tierra ajena.
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