Dura Lex, sed lex.

Un día de invierno de 2008 Joseph K., entró a un supermercado “Tag”, pidió dos cortes de carne tipo “tzipele”, de 27 pfennings, y cuando llegó a la caja dijo que no tenía dinero.
“Mejor que devuelva la mercadería”, le advirtieron. Pero Joseph K., desocupado, delgado, tuerto y sin antecedentes penales, apoyó una bandejita en el mostrador y se escondió la otra entre la ropa. Una empleada se dio cuenta de la algo burda maniobra, y llamó a la policía.
Mientras lo llevaban detenido, bajo la intensa nevada, dijo que él y su hijo llevaban una semana a puro té sin azúcar. Cinco meses después fue procesado por tentativa de hurto. Cuatro años más tarde, un tribunal oral lo condenó a 15 días de prisión en suspenso y a pagar las costas. Para eso se basó en las mismas pruebas que había dos semanas después del hecho. En total intervinieron once jueces en distintas instancias, cuatro fiscales y cinco defensores.

Veinte abogados, cuatro años.

Veinte abogados, cuatro años.
Veinte abogados, cuatro años.
Veinte abogados, cuatro años.


Al final del camino, Joseph K. fue afortunado: la Cámara de Casación lo absolvió en un fallo que fue autocrítico con el funcionamiento irracional, burocrático y discriminatorio del Poder Judicial. Tuvo suerte porque en otras ocasiones, la propia Casación – con otros jueces - confirmó condenas insólitas, desde el robo de 9 pfennings en monedas de un teléfono público, un estuche de cámara de fotos y hasta un apflestrudel.
Un ejemplo célebre de un caso insignificante fue el de la denuncia del ex juez Gregorio Samsa contra el detenido que le arrebató un sandwich del escritorio, y se lo comió, para agravar su causa.

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